El artista se encuentra en una situación comprometida según confirma El Mundo
Alejandro Sanz se encuentra en una complicada situación con la justicia. Según informa en exclusiva El Mundo, el artista madrileño ha sido declarado “en rebeldía” por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid. Esto se debe a la incapacidad de la justicia para notificar al cantante la deuda que aún no ha pagado y que asciende a tres millones de euros.
Este medio confirma que el juez del caso, ante la imposibilidad de localizar personalmente a Alejandro Sanz , ha condenado a Alkazul SL, una de las empresas que gestiona su patrimonio, en esta situación de impago.
Este nuevo capítulo de la batalla entre la justicia y Alejandro Sanz empeora enormemente la situación judicial del artista. Hace dos años, el cantante fue condenado por la magistrada María Rocío Montes en la Corte de Miami a pagar una deuda de tres millones de euros. Esta sentencia le obligó a pagar con su patrimonio privado.
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La deuda proviene de dos casas.
El origen de los impagos del cuatro veces ganador del Grammy estadounidense está en dos casas que compró por más de siete millones de dólares. Para hacer frente al pago, la financiera Total Bank gestionó la concesión de créditos a dos empresas del artista, una española y otra estadounidense: Gazul Producciones, SLU, y Music On Wheels, LLC, respectivamente. Además, colocó otra de sus empresas, Alja Producciones, LLC, y una finca en Miami como protección ante posibles impagos.
Tras varios impagos, El Mundo señala que la entidad financiera que otorgó los préstamos, y ésta a su vez los cedió a SHEDDF, para el pago de las viviendas inició un proceso de ejecución hipotecaria en noviembre de 2019. Ante esta denuncia, ninguno de los garantes del artista entidades respondieron a las demandas de Totalbank.
Meses después, en febrero de 2020, el despacho de abogados que representaba a la estrella de la música firmó un documento con el fondo SHEDDF donde cedían las posesiones del artista para su posterior venta. Pero la operación no llegó a buen puerto. Según El Mundo, las elevadas exigencias monetarias del cantante por las propiedades (14 millones de euros) y la falta de cooperación para agilizar la venta condenaron la operación al fracaso.